luns, 3 de xuño de 2019

Por qué es necesaria la autocrítica

Hemos tenido, como espacio político, unos malos resultados. Y tenemos que hacer autocrítica, pausada y de vista larga, pero no podemos decir que nos sorprenda. Hemos pagado las consecuencias de nuestros errores y los aciertos de los demás.

Desde enero de 2019 se desató una oleada de escisiones que contribuyó a crear un imaginario social de "desastre venidero inevitable".

En el seno de IU y Podemos fuimos muy pocos los que, a riesgo de perder la familia, la salud, los amigos y probablemente la cabeza, llamamos a la calma y a la unidad. El coste fue inmenso. Han sido los peores meses de toda mi vida política.

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Alberto Garzón Espinosa

Hubo una vez en la que el fantasma de la emancipación socialista recorrió Europa. Durante la segunda mitad del siglo XIX las insurrecciones populares reflejaron la emergencia de la clase obrera como actor organizado y a principios del siglo XX la metáfora socialista parecía fielmente encarnada en los grandes partidos de masas de la familia socialdemócrata. En el período de entreguerras el partido socialdemócrata alemán, el partido de Marx y Engels, llegó a alcanzar el 37,8% de los votos, el finlandés el 37%, el austriaco el 40,8%, el belga el 39,4%, el noruego el 32%, el sueco el 39% y el danés el 46%, entre otros. España era, por entonces, parte de la excepción. Sencillamente, en un país esencialmente agrario y muy débilmente industrializado no había condiciones para la emergencia de un partido socialdemócrata tan fuerte como en el norte, y el PSOE tuvo que esperar a 1910 para obtener su primer diputado.
Tras la II Guerra Mundial la socialdemocracia concluyó el abandono del reformismo, optando en su lugar por la simple gestión keynesiana, y sus escisiones comunistas se organizaron disciplinadamente en torno al poder político de Moscú. Con la disolución de la Unión Soviética, la irrupción del neoliberalismo y la globalización económica, la socialdemocracia volvió a dar otro giro para abrazar la "tercera vía", un producto básicamente liberal, mientras que los partidos comunistas entraron en lo que Enzo Traverso llama en su último libro la "melancolía de izquierda". Las utopías y la metáfora socialista daban paso así a un tiempo sin tiempo, a un futuro ensombrecido por las derrotas políticas pasadas y por los nuevos conocimientos sobre los límites de nuestra práctica política (¡y los límites de nuestro planeta!).
Bastante tiempo después las cosas son muy diferentes. En las últimas elecciones europeas han ganado las derechas conservadoras y tradicionalistas con casi el 40% de los votos. Frente a ellas, la socialdemocracia ha caído hasta el 19,31% y la izquierda transformadora ha hecho lo mismo hasta al 5,19%, mientras que los partidos liberales han crecido hasta el 14,51% y los verdes hasta el 9,19%. No obstante, el perfil concreto de esta fotografía es mucho más complejo cuando observamos las singularidades de cada país. Desde la victoria de la ultraderecha en Francia hasta el "sorpasso" de los verdes a los socialdemócratas en Alemania, pasando por la resistencia de la socialdemocracia tanto en Portugal como en España. Hay vectores tradicionalistas y reaccionarios que tratan de abrirse paso al mismo tiempo que otros vectores progresistas y radicales le disputan el protagonismo. Y todo ello ocurre en un marco dibujado por la disputa por la hegemonía internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el papel de las cadenas globales de valor en un mundo globalizado, las luchas de las empresas transnacionales por los recursos no renovables (petróleo, minerales, etc.) en un mundo asolado por el cambio climático, el tipo de dominio financiero del gran capital alemán sobre el resto de los países europeos, o el modelo de inserción de las economías periféricas en la distribución internacional del trabajo son algunos de los aspectos que perfilan estas batallas políticas… muchas veces sin que se explicite.
España es de nuevo una excepción. Aquí y en Portugal la socialdemocracia tradicional resiste, mientras que en Grecia la izquierda transformadora parece jugar el mismo rol, aunque bajo otras etiquetas. No es casualidad que se trate de los países más golpeados por la grave crisis económica iniciada en 2008, que en nuestro país abrió las puertas al convulso ciclo político de 2008-2015. Tras ese período, los países más afectados por los recortes en los servicios públicos parecemos seguir creyendo en las bondades del Estado Social mientras que los países del norte optan preferentemente por su disolución progresiva.

El caso español

En el año 2008 el PSOE consiguió obtener once millones de votos, aunque al precio de negar la crisis económica que estaba ya emergiendo en el país. Como consecuencia de esta, tres años más tarde, en 2011, esa cifra de votantes se había reducido hasta los siete millones. En efecto, en apenas tres años el PSOE se había dejado cuatro millones de votos, de los cuales sólo una pequeña parte fue recogida por IU y otra por UPyD. La mitad de aquellos votos perdidos, dos millones, seguían en la abstención. La irrupción de Podemos en 2014 revolucionó el panorama político y en las elecciones generales de 2015 obtuvo cinco millones de votos, movilizando a esa abstención de dos millones y dándole otro bocado de otros dos millones al PSOE (que ya en aquellas elecciones bajó a los cinco millones de votos), otro medio millón a IU (que se quedó al borde de la desaparición) y otro medio millón a otros partidos. El bipartidismo había colapsado por su izquierda y el sistema político estaba en redefinición.
Al inicio de 2016, sin embargo, el proceso se estancó primero y se invirtió después. Desde aquellos meses, y probablemente debido a la frustrada constitución de un Gobierno alternativo al del PP, el espacio de la izquierda en su conjunto se estrechó. Las elecciones de junio de 2016 pusieron de relieve que un millón doscientos mil votantes de izquierdas se volvieron a la abstención, correspondiendo cien mil al PSOE y el resto a Podemos e IU. La unidad política entre Podemos e IU, que tanto costó articular, no pudo evitar la caída de votos, aunque sí consiguió evitar el descalabro en escaños, que se mantuvieron en número gracias a la ley electoral.
Durante el resto de 2016 y parte de 2017 todos los indicadores electorales y sociales mostraron sistemáticamente la debilidad del espacio electoral de Unidas Podemos. Ello coincidía con dos fenómenos paralelos: la irrupción de la agenda nacionalista en escena, con su clímax en otoño de 2017, y la mejora de la economía y de la percepción ciudadana al respecto. Sin embargo, hubo dos hitos que aceleraron intensamente aquel desgaste de la base electoral: la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, en primavera de 2017 y, sobre todo, la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. Ambos hitos impulsaron al PSOE y redujeron casi en la misma proporción el apoyo de Unidas Podemos. La transferencia de votos parecía haberse invertido y el PSOE comenzaba a recuperar apoyo del espacio político de la izquierda transformadora.
Aquella tendencia de desgaste y estrechamiento del espacio político de Unidas Podemos, esto es, del espacio político a la izquierda del PSOE, fue progresiva y sin pausa. El PSOE iba recuperando el voto perdido desde 2008, y realmente lo conseguía más por golpes de efecto que por políticas concretas. Pero fue en 2019 cuando esa situación se agudizó en una suerte de traca explosiva. Tiene razón Pablo Iglesias cuando afirma que "las divisiones hacen mucho daño a la izquierda", y bien lo sabemos quienes además lo hemos sufrido entre bastidores. Desde enero de 2019 se desató una oleada de escisiones que contribuyó a crear un imaginario social de "desastre venidero inevitable". Gaspar Llamazares anunció que formaba un partido nuevo, provocando un incendio en IU y en Asturias; Íñigo Errejón le imitaba en Madrid, abriendo en canal a Podemos y, de paso, a sus aliados en la región; las derivadas de aquello supusieron nuevas dimisiones, como las de Ramón Espinar, un sinfín de acusaciones cruzadas en la plaza pública y la decisión de Manuela Carmena de no contar con IU ni con Podemos para la candidatura de la alcaldía de Madrid; EnMarea decidió escindirse en Galicia, debilitando a los ayuntamientos de Santiago, Coruña y Ferrol; Compromís anunció que rompía la coalición en Valencia; Izquierda Anticapitalista rompió con Podemos en todo el país; el coordinador de IU en Cataluña se marchó a ERC pero sin dimitir de coordinador para dejar el partido bloqueado… Podría continuar, pero supongo que no hace falta.
Todos estos acontecimientos sucedieron en solo unos meses, los inmediatos a las elecciones generales, y fueron acompañados de grandes proclamas cínicas por "la unidad" -mientras se firmaban las escisiones- y por supuesto tuvieron una cobertura mediática apropiada para la ocasión. En algunos casos encontramos incluso candidatas de IU y Podemos que públicamente anunciaban que no votarían a nuestras organizaciones. En el seno de IU y Podemos fuimos muy pocos los que, a riesgo de perder la familia, la salud, los amigos y probablemente la cabeza, llamamos a la calma y a la unidad. El coste en esos campos, lo reconozco, fue inmenso. Desde mi experiencia personal, han sido los peores meses de toda mi vida política. En este tiempo parecía imperar un "sálvese quién pueda" de una naturaleza bastante irracional, y sucedía tanto entre quienes se escindieron como entre quienes se quedaron agazapados esperando que los resultados de las elecciones generales nos mataran a algunos.
Pero resistimos. La campaña de las elecciones generales fue extraordinaria y la militancia se volcó en la tarea de resistir. Pablo Iglesias hizo unos debates estupendos y muy bien acotados y dimos la sorpresa al resistir con un 14,3%. Parecíamos haber detenido la hemorragia de votos. Con todo, el PSOE ya había recuperado dos millones de votos desde 2015.

Las elecciones locales y autonómicas

Y así es como llegamos a estas últimas elecciones locales, autonómicas y europeas. Hemos tenido, como espacio político, unos malos resultados. Y tenemos que hacer autocrítica, pausada y de vista larga, pero no podemos decir que nos sorprenda esta situación. Hemos pagado las consecuencias de nuestros propios errores, y también de los aciertos de los demás. En efecto, estas elecciones han puesto de relieve que la tendencia del estrechamiento del espacio electoral a la izquierda del PSOE ha continuado. En las elecciones europeas hemos perdido 4,24 puntos respecto a las generales de hace un mes, y hemos perdido casi 8 puntos respecto a las elecciones europeas de 2014.
Tal y como venía describiendo, el PSOE ha mejorado sus resultados autonómicos una media de 7,57 puntos, mientras que nosotros hemos caído una media de 8,14 puntos. En efecto, la transferencia de votos es perceptible en un trazo grueso, pero también en trazo fino. En particular, el espacio de UP ha bajado más en aquellos territorios donde el PSOE ha subido más. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esto es bastante claro (aunque no perfecto).
Gráfico: variación de resultados electorales, comparación UP-PSOE
Además, las caídas han sido más pronunciadas allí donde hemos ido separados (todos los territorios con punto rojo en el gráfico) y menor allí donde hemos ido unidos. De media hemos caído 9,82 puntos en los territorios donde íbamos separados y hemos caído un 6,62 en aquellos otros donde hemos ido juntos. Como he dicho estos días: "La unidad política no construye socialismo, pero fuera de la unidad sólo hay destrucción".
Es llamativo también que, en todos los territorios, con la excepción de Asturias, los resultados de las generales de hace un mes han sido mejores que en estas autonómicas. Pero aún más llamativo es que en las elecciones europeas, que se votaban a la vez, se han tenido mejores resultados en todos los territorios menos en Asturias y Aragón. Las candidaturas de unidad, en general, han resistido mejor.
Por otra parte, el caso de Madrid es paradigmático. Porque la irrupción de Más Madrid se justificó por su supuesta "competición virtuosa", es decir, porque teóricamente la división no restaría. En realidad, el espacio político de Más Madrid, Podemos e IU ha perdido 2,44 puntos respecto a lo que sacó Podemos e IU en 2015. Puede decirse que Madrid sufre el mismo proceso de estrechamiento del espacio electoral que el resto del país, si bien hay que conceder que es el territorio donde menos se pierde y donde menos gana el PSOE. Es decir, es probable que Más Madrid contribuya mejor a frenar la huida de votos al PSOE aunque no lo consiga.
Por supuesto, más allá de los votos también las leyes electorales nos han masacrado en escaños allí donde hemos ido por separado. El caso de Castilla y León es representativo, pues en la provincia de Valladolid ni Podemos ni IU hemos sacado escaño aun obteniendo un 4,65% y un 4,07% respectivamente y sin embargo Vox ha obtenido un escaño con un 6,85%.
En el terreno municipal hemos aguantado muy bien en las pequeños y medianos municipios, manteniendo e incluso aumentando concejales en muchos territorios. Además, hemos mantenido alcaldías también en ciudades de tamaño medio como Cádiz o Zamora. Sin embargo, las elecciones locales están siempre sujetas a especificidades y no pueden extraerse conclusiones categóricas. Detrás de esos excelentes resultados está el gran hacer local de Kichi y Guarido, alcaldes de esas ciudades, y de sus equipos, pero no tanto de sus marcas respectivas. En efecto, Kichi ha revalidado la alcaldía con el 43,59% y Guarido con el 48,08%. Sin embargo, en las elecciones europeas Podemos e IU han obtenido un 23,91% en Cádiz capital y en las autonómicas IU ha obtenido un 6,09% en Zamora capital. Este voto dual es propio de alcaldes carismáticos, como también le sucede al alcalde del PP en Estepona, Urbano, que ha sacado un 69% en las municipales y un 33,56% en las europeas. Los toboganes funcionan.

Conclusiones

Los resultados son malos para nuestro espacio político. Pero frente a quienes creen que esto es la consecuencia de las habilidades y prácticas de seres individuales dotados de gran o escasa inteligencia, yo apuesto, sin restar importancia a lo anterior, por factores de fondo más vinculados a trayectorias de medio plazo. Necesitamos un debate sereno para preguntarnos el "porqué" de estas dinámicas aquí descritas. En mi opinión, es posible que en este momento no se den las condiciones económicas que "permitan" la existencia de una izquierda transformadora tan potente como la que hemos visto en los últimos años, lo que obliga a reconfigurar el espacio político a partir de una nueva y mejor articulación entre los diversos actores que conformamos el mismo. Nos hemos educado en diferentes culturas políticas, tenemos distintos bagajes y disponemos de distintos recursos organizacionales (por ejemplo, en IU disponemos de una más amplia implantación local mientras que Podemos dispone de una más amplia base electoral), y debemos encontrar las sinergias necesarias para cumplir nuestros objetivos. Más coordinación.
En el fondo se trata de un obligado cambio de estrategia que cree las condiciones de un nuevo crecimiento de nuestra base social y electoral, lo que a mi juicio pasa por insistir en la práctica en las instituciones, pero también con los actores sociales organizados. Me temo que hay que huir de propuestas maniqueas o simplistas, dado que los problemas complejos siempre requieren soluciones complejas.
Ello implica, a su vez, hablar de personas y relaciones sociales, por lo que nuestras organizaciones deben cuidarse mutuamente y cuidarse ellas mismas también. La tendencia cainita no sé si será controlable en la izquierda, pero sí debería serlo la forma con la que nos dirigimos a nuestros adversarios políticos dentro de nuestro propio espacio. La beligerancia con la que buscamos culpas en el otro, por ejemplo, es absolutamente ineficaz pero también suficientemente lamentable.
Pero, sobre todo, es momento de pensar en profundidad qué tipo de instrumento necesitamos para hacer frente a los retos ecológicos, económicos y sociales que tenemos por delante las sociedades europeas. De momento, esa disputa dista de resolverse por la izquierda, como estamos viendo en el norte de Europa, y las amenazas son muy elevadas para las familias trabajadoras. Y replantearse esto significa preguntarse con honestidad por qué no llegamos como nos gustaría a la base social que decimos representar, estando dispuesto a dudar de todos nuestros prejuicios ("de omnibus dubitandum" repetía Marx). Somos herederos, o al menos así lo siento yo, de todos los hombres y mujeres a los que hacía referencia al principio de este artículo, y les debemos una lucha que exige una adecuada comprensión de la realidad y el contexto. Los instrumentos han de adecuarse a cada contexto. El siglo XXI está construido de nuevas relaciones sociales, tecnológicas e institucionales que apenas podían vislumbrarse hace doscientos años y que los actores políticos no pueden ignorar. Las estructuras sociales están cambiando en direcciones que hubieran sido impensables en la época en la que se ideó la "metáfora socialista" y los símbolos han cambiado sus significados en todo este tiempo. Poner en cuestión las conexiones ideológicas, materiales y prácticas con las que nos relacionamos con nuestros votantes es un paso imprescindible para avanzar. La terquedad y el dogmatismo no ayudarán en absoluto.
Decía Manuel Sacristán que en tiempos de derrota de la izquierda transformadora hay dos pulsiones o tentaciones que deberían evitarse. Una es la entrega a la causa socialdemócrata, que se produciría como resultado de la pérdida de confianza en los instrumentos que han sido derrotados. Esto es lo que él identifica como la "tradición de derecha". La otra pulsión es la atrofia política que se produce ante la ausencia de perspectivas tras la derrota y que llevaría a la "inhibición de las luchas posibles" o de los "objetivos intermedios", con la fe depositada en la mística expectativa de que "algo pasará" que cambie nuestras posibilidades reales. Esto es lo que siempre se ha llamado izquierdismo. Esta fórmula de desconexión social es muy propia de los momentos como estos y es muy atractiva porque es autocomplaciente.
Me temo que ambas pulsiones surgirán en estos meses y que el elemento en común que mantienen es su rechazo a la unidad política del espacio que se ha estado construyendo hasta ahora. Sin embargo, creo que la mejor herramienta pasa por reforzar esa unidad y por debatir y descubrir cómo somos capaces de aprovechar la potencialidad de este espacio político que, aunque disminuido actualmente, representa lo mejor de este país. Algunos seguiremos dedicando nuestro tiempo y energías a construir esta posibilidad.

La educación concertada es un fracaso


David Bollero

El alumnado de la educación concertada crece en España. Lejos de parecer una buena noticia, es pésima porque si algo pone de manifiesto este hecho es el fracaso de nuestros gestores y gestoras, el fiasco de la Administración para hacer frente a las necesidades educativas de la sociedad. Quizás no le interese una educación pública gratuita de calidad, pero somos muchas las personas que la defenderemos hasta las últimas consecuencias.
La educación concertada crece a un ritmo de 20.000 alumn@s adicionales cada año. Y las subvenciones que recibe también: más de 6.000 millones de euros al año. Hoy, Raúl Bocanegra revela cómo los presupuestos de la tríada PP-Cs-Vox salen al rescate de la Iglesia católica y sus colegios concertados, dotándolos de más dinero que a la educación pública. A nivel nacional y bajo el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) con los presupuestos del PP, la educación concertada también vio incrementada sus partidas.
Cada euro de dinero público que subvenciona a este tipo de educación es una prueba del fracaso de nuestros gobernantes. La única justificación que hay detrás de estas subvenciones es la falta de centros escolares en un área para poder cubrir toda la demanda que existe. De producirse este hecho, se evidencia que alguien no ha hecho bien su trabajo, no ha previsto una crecimiento demográfico en regiones específicas o no ha sido exquisito a la hora de dotar de recursos educativos al boom del ladrillazo. Sin embargo, se sigue dotando de suelo público a intereses privados para que hagan negocio con la educación. ¿Por qué no destinar ese suelo a levantar un centro público? Decisiones como las de la ahora defenestrada Manuela Carmena de no ceder suelo público a la Comunidad de Madrid para que ésta los entregue a la educación concertada es una medida tan valiente como necesaria. Ojalá tuviera más réplicas.
Quien quiera educación privada, que se la pague; y que absolutamente cualquier persona tenga derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Con esos más de 6.100 millones de euros que la educación concertada recibe de nuestros bolsillos, ¿se imaginan cuánto podría hacerse para mejorar la pública? No hay voluntad política para ello y sí, en cambio, muchas ganas de llenarse los bolsillos con la educación.
Este artículo no es un ataque a la Iglesia católica en esta fórmula educativa -la abominación que supone invadir el espacio educativo con religión merece una columna exclusiva-, sino en general, hacia esas otras cooperativas laicas que también chupan del bote del Estado.
La educación concertada jamás debió existir y es un exponente más de la torpeza o vileza, según los casos, de quienes han pasado por nuestras Administraciones Públicas. Ver cómo se segrega al alumnado con dinero público, como se bordea la ilegalidad cobrando cuotas o se aprovechen limbos legales para sacar aún más tajada es indignante. Piénselo cada vez que barajen esa posibilidad educativa para sus hij@s: Cada centro de educación concertada es un torpedo en la línea de flotación de la pública.

El día que al gobernador del Banco de España le subieron el alquiler

Una ficción sobre especulación, burbujas y acoso inmobiliario con un inquilino poco habitual

Isaac Rosa
Lo dije hace meses en mi comparecencia en el Congreso, lo repetí en la presentación de nuestro informe anual, he insistido en cada entrevista y conferencia, y hoy lo sigo sosteniendo. No voy a cambiar de opinión solo porque me hayan subido el alquiler, no voy a darles ese gusto. Lo volvería a decir, con todas las letras: "No parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles".
¿Queda claro? Estoy convencido de ello. Lo estoy personalmente, y también lo está la institución a la que represento. Sería un error intervenir el mercado, alterar las leyes de oferta y demanda, y controlar los precios del alquiler, como proponen algunos. Y mira que yo podría ser el primer interesado en que el gobierno frenase los precios, puesto que también soy un afectado, y no menor: no creo que haya muchos inquilinos que hayan sufrido una subida comparable a la mía. Y de eso quería hablarte, por eso te llamé y te solicité esta reunión: quiero pedirte que investigues esa subida, la desproporcionada actualización de mi renta. Quién está detrás de la misma, qué pretende.
Te lo pido como un favor personal, por la amistad que nos une. No voy a poner una denuncia, no quiero que hagas una investigación oficial. Ni siquiera la llamaría investigación, no te quitaré tiempo, no tendrás ni que moverte de este despacho, seguro que sabes a quién llamar, de qué hilos tirar para averiguar quién ha decidido subirme de esa manera la renta. Y por la misma confianza te pido discreción, ya imaginas. Lo último que quiero es que algo de esto se filtre a la prensa.
Ya sé, es una obviedad lo que pregunto: como bien dices, el responsable de la subida es el propietario de la vivienda. Hasta ahí llego. Pero justo por ahí deberíamos empezar: quién es el dueño del apartamento que tengo alquilado, en el que vivo de lunes a viernes para atender mis responsabilidades en el banco. Quién es el verdadero propietario, quién se oculta tras la empresa que aparece como titular. Pedí a nuestro servicio jurídico que lo investigase, pero no averiguaron nada. En el registro de la propiedad figura una empresa sin muchos datos. Parece que es un fondo de inversión, uno de los muchos que vienen a comprar lotes de pisos. No tiene empleados ni facturación, comparte domicilio fiscal con otra veintena de empresas, y el administrador único es un tipo con más de cien sociedades a su nombre, el típico testaferro. Hasta ahí, nada raro, verdad. Pero quiero saber quién se oculta tras esa pantalla. Quién se ha propuesto echarme del apartamento.
Todo empezó hace tres meses, cuando me llegó el burofax: me comunicaban que, ante el inminente fin de mi contrato, si deseaba renovar tendría que hacer frente a una actualización de la renta. Por supuesto, no me subían el IPC. Tampoco un incremento similar a la subida media de los últimos tres años. Me anunciaban un aumento de la renta mensual en un 60%. Has oído bien: 60%. Evidentemente, era una forma educada de decirme que me largase. Ya supondrás que la renta anterior no era precisamente baja. Un apartamento de alto standing, cerca del banco, una de las zonas con el metro cuadrado más alto. Y aun así, la nueva renta era un disparate.
Pero espera, ahí no comenzó todo. Vayamos más atrás, cuatro meses antes del burofax: una abogada vino puerta por puerta a comunicarnos el cambio de titularidad en la propiedad del inmueble. La familia propietaria del edificio había decidido vender, y ahora quedábamos en manos del fondo ese. No le di importancia, es parte de las reglas del juego. El mercado. Y asumí que el nuevo dueño querría aumentar la mensualidad, es lo que hacen todos los nuevos jugadores que llegan al mercado de alquiler.
Pero no te confundas, mi problema no es el dinero, no te pido ayuda por eso. Aun siendo un disparate, puedo afrontarlo, mi sueldo me lo permite y el banco me otorga una ayuda mensual para vivienda. De hecho, pese a la subida acepté renovar el contrato, cosa que tampoco fue fácil, tuve que recurrir a un abogado de nuestro servicio jurídico porque el administrador se empeñaba en poner todo tipo de obstáculos, para que venciese la fecha de renovación sin haber firmado. Si pretendían que me fuese, no lo han conseguido, no todavía. Porque eso es lo que pretenden: echarme. Y eso es lo que quiero que averigües: quién, y sobre todo por qué.
Insisto en la discreción. Esto no puede salir de aquí. Ya imagino el titular de prensa a la mañana siguiente: "El gobernador, víctima de la misma burbuja de alquiler que negaba". El alguacil alguacilado.
Por eso acepté renovar el contrato, con las disparatadas condiciones económicas: porque mudarme sería aún peor. Como si los estuviera oyendo: "La subida del alquiler se cobra una cabeza inesperada: el gobernador del Banco de España". "El gobernador conoce en carne propia la subida del alquiler que no quería regular". Imagina el recochineo de tertulianos y redes sociales: "¿Seguirá pensando el gobernador que no hay que controlar los alquileres?" "Le han dado de su propia medicina, se lo tiene merecido". El alguacil alguacilado. El promercado, mercadeado.
Está bien, no daré más rodeos: lo que quiero que averigües es si todo comenzó con el burofax o con el cambio de propietario. O si en realidad comenzó hace un año. Tras la presentación de nuestro último informe anual. Aquel día volví a rechazar el control de los alquileres. Mis palabras no cayeron bien a los de siempre, ya sabes. Me piropearon como de costumbre: guardián de la ortodoxia. Ultraliberal. Defensor de los grandes propietarios y fondos. Se ensañaron conmigo. Se desahogaron. Hasta ahí normal. Pero entre todos los comentarios de aquellos días en medios y redes sociales, hubo uno que tuvo especial eco, al que no dimos importancia entonces, pero que recordé cuando recibí el burofax.
Inicialmente fue un comentario aislado, nada premeditado, un cualquiera ingenioso en alguna red social, pero pronto se viralizó. Decía así: "Qué insensible el señor gobernador. Yo propongo que entre todos los inquilinos de España juntemos dinero, compremos el piso donde vive, y le subamos la renta a lo loco, hasta echarlo, a ver si sigue opinando igual".
Puedes reírte, no me ofendes. También se rieron los del gabinete jurídico cuando les pedí que hiciesen averiguaciones. Yo mismo me reí la primera vez que leí aquel mensaje. Pensé lo mismo que tú ahora: una bobada. Una ocurrencia. Ganas de conseguir seguidores. De hacerse viral. Lo consiguió, claro. La bobada, la ocurrencia, triunfó en redes sociales, saltó a los medios. La replicaron organizaciones de inquilinos, plataformas de desahuciados, asambleas de vivienda, algunos sindicatos, un par de partidos de izquierda que se apuntan a todo. Y miles, decenas, cientos de miles de usuarios de redes sociales. Hasta hubo quien esos días abrió un crowdfunding para recaudar el dinero necesario para la acción justiciera.
Lo cierto es que allí quedó todo. Una bobada, una ocurrencia. Lo hemos investigado, y no hay nada más. La difusión del mensaje decayó en pocos días. Los chistes se agotaron. Y del crowdfunding no hay rastro, suponemos que lo cerraron días después sin haber recaudado nada. Cuesta creer que la propuesta siguiese viva bajo el radar, que alguien la tomase en serio, que la organizasen. Algo así no pasaría desapercibido. Hablamos de mucho dinero, y por tanto mucha gente implicada. Porque no solo es mi apartamento: han comprado el edificio entero. Son pocos pisos, pero el metro cuadrado vale lo que vale en esta zona. Calculo unos ocho o nueve millones de euros en total. ¿Cientos de miles de personas poniendo cada una diez o veinte euros para darse el gusto de escarmentar al gobernador del Banco de España, más algunas organizaciones aportando cantidades mayores? ¿Fiestas populares donde venden boletos para recaudar? ¿Huchas con mi foto en todos los locales vecinales y sociales? ¿Y que además lo hiciesen de manera clandestina? No parece verosímil, verdad.
Porque además no solo soy yo. ¿Qué pasa con el resto de inquilinos de mi edificio? No sé si les aplicaron la misma subida, o directamente les negaron la renovación. Lo cierto es que se han ido casi todos. O todos, no sé si queda alguien en el edificio. La mayoría de pisos están tapiados, y hace semanas que no me cruzo con nadie por la escalera. Y digo escalera con toda intención: desde el cambio de propiedad el ascensor está fuera de servicio la mayoría de días. Se avería y no llaman al técnico. Nadie cambia las bombillas fundidas, aunque sí cambiaron la llave del portal, sin avisarme ni darme copia. Tampoco limpian el portal, que con las obras está que da asco.
Ah, las obras, no te he hablado todavía de ellas: están tirando varios pisos, uno de mi planta, otro justo encima. Ruido y polvo, ya imaginas. No puedo abrir las ventanas. Hay cortes de luz frecuentes. Se dice que van a hacer un hotel, o pisos turísticos, que no sería tan extraño dada la zona. Pero hasta donde sabemos, no han pedido licencia para nada así. Solo hay demolición. Mazazos. Taladradoras. Sierras radiales. Como si solo quisiesen hacer ruido y levantar polvo. Como si solo quisiesen molestarme, hacerme la vida imposible.
No me mires así, no soy un delirante. Sigo confiando en la navaja de Ockham: la explicación más sencilla suele ser la más probable. Sé que no soy el primer ni el último inquilino al que han subido la renta desproporcionadamente; ni el único al que hacen la vida imposible para que se vaya cuanto antes. Razón de más para no irme. Lo más fácil sería irme, mudarme, puedo pagar cualquier otro apartamento. Pero no les regalaré el titular: "El gobernador, otra víctima de la gentrificación". En ningún caso les daré ese gusto. Tanto si han sido ellos, como si no, lo disfrutarían igual. Una victoria moral. Justicia poética.
Insisto, soy el primero que no doy mucha credibilidad a la hipótesis activista, no me he vuelto loco, aunque los martillazos en el piso de arriba me acabarán enloqueciendo. Pero no, aún mantengo la cordura. De hecho, he dudado mucho antes de pedirte este favor. Debería bastarme con el resultado de las indagaciones que ya hizo el servicio jurídico. No encontraron nada. Caso cerrado. ¿Sí? O no. ¿Qué te dice tu instinto de viejo policía? Me reconocerás que hay algo… extraño en todo esto. Casualidades. Muchas, demasiadas casualidades: el informe anual, la ocurrencia viralizada, el repentino cambio de propietario, la subida de alquiler.
Las casualidades no existen, ese ha sido siempre tu lema, ¿no? Y aunque es cierto que lo mismo que me está pasando a mí le ha ocurrido a miles de inquilinos, sigo pensando que todo esto no se explica con las leyes del mercado. Cualquiera vería en todo esto mera especulación inmobiliaria. Tú mismo lo piensas. Yo también, cuando me sereno y razono. Pero siempre me queda un leve ruido de fondo, un chirrido que no desaparece, que me desvela por la noche: ¿y si hubiera algo más? Una mano negra en lugar de la mano invisible del mercado. Por remota que sea la posibilidad, no la descartemos. Investiguemos primero.

El número de abortos de mujeres jóvenes ha descendido un 30% desde que se aprobó la ley de plazos

Las interrupciones voluntarias del embarazo han disminuido en la franja de edad de los 15 a los 19 años al pasar de los 13.000 en 2010 a los 9.000 de 2017

El aumento del uso de la píldora anticonceptiva y el preservativo, la libre disposición de la píldora del día después, que se vende sin receta desde 2009, y una atmósfera social con más información son los factores que pueden estar detrás del descenso

En 2014, la mitad de las adolescentes decía que no utilizaba métodos anticonceptivos, pero en 2018 el porcentaje caía al 30%, según las encuestas de la Sociedad Española de Contracepción


Manifestación a favor del aborto en Madrid. EFE

La fuerte bajada de las interrupciones de embarazos entre las más jóvenes también se nota cuando se analiza la tasa de abortos por cada mil mujeres, una fórmula que ajusta el número de intervenciones a la población existente en cada grupo de edad. En las mujeres de entre 15 y 19 años, la tasa de abortos ha caído un 30,4% en siete años. Aunque también descienden las interrupciones en las franjas de entre 20 y 24 años y de entre 25 a 29 años, las caídas no son tan abultadas. 
Si nos detenemos en las más jóvenes, la tasa de intervenciones fue incrementándose progresivamente al inicio de la década de los 2000, con dos bajadas en 2008 y 2009 y dos posteriores subidas en 2010 y 2011. El punto de inflexión es 2012, cuando comienza a descender. Así, en 2017 la tasa se situó en 8,84 abortos por cada 1.000 mujeres siendo en 2010 13,05.
"Yo creo que la clave es que no hay una causa única, puede deberse a una multiplicidad de factores, pero no es algo que se haya estudiado con profundidad aún", explica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Todas las expertas coinciden en los avances que en este sentido se han producido en la última década, con un mayor uso de los anticonceptivos, mientras ponen el foco en los déficits que siguen lastrando al sistema. 
De hecho, la Ley del Aborto diseñó todo un armazón para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pero los colectivos sociales denuncian su falta de aplicación. Así, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que tenía por misión desarrollar la norma, caducó en 2015 y no se ha vuelto a renovar. Al mismo tiempo, los datos demuestran que cada vez más las jóvenes que acceden a los anticonceptivos y cada vez son menos las que aseguran que mantienen sexo sin protección. 


Tal y como demuestra la encuesta bienal elaborada por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), el uso de la píldora anticonceptiva y del preservativo se ha multiplicado en los últimos años entre las mujeres de 15 a 19 años. Así, en 2014 referían utilizar la primera un 8,8% de las mujeres en esa franja, para pasar al 18,9% en 2016 y un 21% en 2018. Por su parte, el uso del preservativo ha escalado del 37,6% de chicas que lo usaban en 2014 al 46% el año pasado –en este caso, en 2016 hubo un descenso de diez puntos–. 
Esta misma encuesta revela que el porcentaje que asegura no utilizar ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales ha disminuido considerablemente: en 2014 lo decía casi la mitad (un 51,1%) y en 2018 el 30,7%. "Los datos muestran una tendencia a un mayor uso de la anticoncepción, lo que desmonta un poco la idea extendida de que las más jóvenes hacen un peor uso de estos métodos. En general, los jóvenes están más informados que las generaciones anteriores y, en muchos casos, más formados", señala José Vicente González, ginecólogo y portavoz de la SEC.

La desigualdad entre comunidades

"Hay una sociedad más concienciada, aunque pasa en todos los niveles de edad", apunta García, de ACAI. Por su parte, Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) califica de "evidente" que ha habido un avance, pero lamenta que aún los derechos sexuales y reproductivos no sean una prioridad. "Ahora está mucho más naturalizado el tema de la prevención y de los anticonceptivos, hay mayor conciencia, pero no podemos decir que todos los jóvenes tienen acceso porque en esto las instituciones no han hecho todo lo que deberían", remarca.
De hecho, el acceso a la anticoncepción sigue siendo muy discrecional dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, según ilustra un informe de 2016 de la FPFE. El estudio pone de manifiesto las diferencias entre unas y otras en cuanto a la financiación de los anticonceptivos o el desarrollo de programas específicos: 9 comunidades disponen de una normativa propia sobre anticoncepción, "en cuyo marco se han desarrollado planes específicos o se han revisado y actualizado los antiguos", muchos de ellos puestos en marcha a partir de 2012, pero no así en el resto. "Tenemos constancia de que algunas comunidades como Asturias, Navarra, Valencia o Baleares han hecho un esfuerzo en los últimos años para facilitar el acceso a los anticonceptivos, pero falta mucho en otras...", reflexiona Serrano.

La píldora del día después sin receta

Las expertas señalan además que ahora las jóvenes acceden más a la llamada 'píldora del día después', que en 2009 comenzó a dispensarse en las farmacias libremente, también a las mujeres menores. De hecho, los datos disponibles dibujan un escenario en el que ha aumentado su uso: según cifras de la SEC, en 2011 era un 14,1% la proporción de jóvenes de entre 14 y 24 años que refería haber tomado la píldora de urgencia en alguna ocasión; en 2018 el dato escaló 15 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 29,55%. No existen estadísticas desglosadas para poner el foco en las menores de 19 años, pero también en la franja de edad de los 20 a los 24 años el número de abortos ha descendido considerablemente: un 12,1% desde 2010.
"Yo creo que la libre disposición de la píldora es importante y ha influido", señala Isabel Santamaría, médica sexóloga que trabaja en un dispositivo de atención a jóvenes del Ayuntamiento de Madrid. Coincide con ella Serrano, de la FPFE, que apunta a que, a pesar de que cuando empezó a dispensarse libremente hubo voces conservadoras que cuestionaron la decisión y aseguraron que sería usada como método anticonceptivo, la realidad "nos ha demostrado que no y que es justo al contrario: se requiere un nivel de responsabilidad alto para usarla". Así, la ginecóloga explica que su uso se ha normalizado y se han desterrado algunos mitos.
Algunos otros datos son reveladores. La Sociedad Española de Contracepción destaca a través de sus sondeos que el porcentaje de jóvenes que dicen haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual es mayor que el de las generaciones de mujeres adultas. En 2018 lo aseguró un 96,7% de las chicas de entre 15 y 19 años, el 91,9% de las mujeres de entre 36 y 39 años y el 85,1% de las que se sitúan en la horquilla de los 45 y 49 años. 

Dificultades de acceso

No obstante, y teniendo en cuenta el avance de los últimos años, las expertas insisten en poner el foco en lo que todavía queda por lograr. Sigue habiendo grandes segmentos de población joven en riesgo de embarazo no deseado y de enfermedades de transmisión sexual, explica Vicente. Coincide Santamaría, que hace hincapié en las dificultades que aún sigue encontrándose "la mayor parte de jóvenes" para acceder a anticonceptivos y denuncia la falta de educación sexual de las y los adolescentes. De hecho, el adelanto electoral hizo que se quedara en el tintero el proyecto del Gobierno de incluir educación sexual en todas las etapas, una de las reivindicaciones del movimiento feminista.
"Sobre este tema debemos pedir responsabilidades a las administraciones. La formación de todos los jóvenes es fundamental, pero además deben hacer accesibles y financiar los anticonceptivos en todas partes", afirma Santamaría, que denuncia que las instituciones "siguen sin llegar a sectores de la población en exclusión" que "cuentan con mayores dificultades y barreras para acceder a determinados servicios". Todas las expertas llaman la atención, además, sobre la necesidad de generalizar los centros de atención para población joven.

A propósito de las donaciones a la sanidad pública



Marciano Sánchez Bayle

Durante la fase final de la campaña electoral se ha abierto una polémica sobre el rechazo de una de las candidatas a las donaciones de “esa persona de la que Usted me habla” de alta tecnología relacionada con la oncología a la Sanidad Pública. Las declaraciones eran, por supuesto, poco oportunas ya que abrían un flanco que fue inmediatamente aprovechado por sus oponentes, porque el tema precisa de un debate sosegado y reflexivo que, en general, es casi imposible en una campaña electoral y que, por otro lado, se abre a posicionamientos muy pasionales y fácilmente manipulables (los enfermos de patologías graves suelen tener poca capacidad de reflexión si se les prometen soluciones a sus problemas, de ahí el éxito entre ellos de las que se autodenominan “medicinas alternativas”). Dicho esto, y ahora que se ha despejado el ruido electoralista, convendría hacer algunas reflexiones al respecto.
La primera, que la Sanidad Pública debe de tener una financiación suficiente y que, esta, no puede depender de la generosidad de algunos millonarios. Para garantizar la financiación sanitaria se precisa de unos impuestos suficientes y de una recaudación progresiva, situación que en nuestro país no se da. Es bien conocido que hay un diferencial de 7-8 puntos de presión fiscal sobre el promedio de la UE (y de más de 10 puntos sobre los países europeos que la tienen mayor), y que ese diferencial se produce a costa de una baja tributación de las grandes fortunas, que se ven favorecidas por cuantiosas exenciones y desgravaciones, a mas de su capacidad para la ingeniería financiera. No parece razonable que las grandes empresas estén tributando en torno al 8-9% sobre los beneficios y un pensionista pueda superar el 20% de IRPF. Por lo tanto, ese es el primer cambio que se debería llevar a cabo, que las grandes fortunas tributen por sus ingresos reales y que esta tributación no pueda bajar del 30% real, con eso tendríamos garantizada la financiación de la Sanidad Pública.
Las donaciones gozan de unas ventajas fiscales que vienen a rondar una desgravación del 30% sobre lo donado (puede variar según las CCAA), de manera que una tercera parte de esas donaciones, en realidad, las estamos pagando todos los españoles
La segunda, recordar que las donaciones gozan de unas ventajas fiscales que vienen a rondar una desgravación del 30% sobre lo donado (puede variar según las CCAA), de manera que una tercera parte de esas donaciones, en realidad, las estamos pagando todos los españoles
La tercera es que, si analizamos la situación de las donaciones a nivel internacional, se observa que las donaciones son muy frecuentes en los países con presión fiscal moderada o baja, con servicios públicos insuficientes en cobertura y medios (el paradigma es USA, donde por cierto las rebajas fiscales de Trump han ido seguidas de un aumento de las donaciones ) y que en aquellos otros en que hay un potente estado del bienestar, con potentes servicios públicos de cobertura universal y medios suficientes así como, una importante presión fiscal con carácter progresivo (el ejemplo son los países nórdicos), las donaciones son prácticamente inexistentes y están dirigidas básicamente a programas de ayuda internacional. Es decir, existe una relación entre buenos servicios públicos con financiación suficiente y progresiva con ausencia de donaciones y un papel importante de estas en modelos neoliberales de baja y/o deficiente cobertura pública. Por ello, el debate va más allá de las donaciones concretas sino que atañe a que modelo de sociedad queremos y explica bien el apoyo a las donaciones de los partidos neoliberales y de los grupos empresariales y mediáticos.
La cuarta, es que las donaciones de las que se trata han sido condicionadas, es decir, dirigidas de una manera concreta  según los intereses del donante, sin considerar los intereses generales del sistema sanitario y de las necesidades de salud más apremiantes de la población. También, resulta inapropiado y peligroso para el sistema sanitario que particulares puedan de hecho entrometerse en la política de organización y planificación de recursos de la Sanidad Pública porque ello condiciona esta organización y puede generar desigualdades intolerables, y muchos recursos para problemas no prioritarios, mientras otros que si lo son permanecen desatendidos. No parece razonable que particulares tengan capacidad por esta vía para condicionar decisiones estratégicas del sistema sanitario.
La quinta, tiene que ver con las necesidades de equipamiento tecnológico de nuestra Sanidad Pública que no parecen tan evidentes. En España, según la OCDE (OECD Health Data 2018), hay 17 resonancias magnéticas (RM)  y 18,3 Tomografías axiales computerizadas (TAC) por millón de habitantes. En el primer caso una cifra superior al promedio de la OCDE (16,4) y en el segundo por debajo (26,1). La situación en la UE es de 17 RM y 22 TAC/millón. Esta cifra de España es claramente superior a la de muchos países más desarrollados que el nuestro, por ejemplo los RM/TAC millón sería de 7,2/9,5 en Reino Unido, 9,5/15 en Canadá, 11,1/14 en Suecia, por poner ejemplos significativos, y parece que estas cifras están bastante relacionadas con el modelo sanitario, siendo muy superiores en modelos neoliberales (36,7/41,8 en USA) y no con las mortalidad por cáncer, ni con la mortalidad general, ni con la esperanza de vida de la población.  Como suele suceder, hay una gran disparidad en la dotación entre las CCAA, en cuanto a las RM oscilan entre un máximo en Madrid (19,5) y el mínimo de Cantabria (8,6) y en los TAC entre Navarra (21,9) y Canarias (15,4).
Se ha dicho que el parque tecnológico español está obsoleto, pero esto es bastante discutible (mas allá de que en los años de la crisis no se haya producido reposiciones del mismo) porque la información proviene de la industria y está sesgada, de hecho no está tan claro, habría que analizar, caso a caso, si las innovaciones que pretende vender la industria suponen mejoras reales en los resultados  (por ejemplo, una revisión de la utilización de robots quirúrgicos, cuyo uso se magnificó en los medios como un “gran avance”, no encontró diferencias significativas en las complicaciones postoperatorias comparadas con la laparoscopia, aunque si tuvieron mayores tiempos quirúrgicos y mayores costes de hospitalización a los 90 días, con lo que  podría concluirse que las nuevas tecnologías quirúrgicas robóticas parecen ser más un instrumento de marketing y una nueva vía de dilapidar dinero público  que un avance real para enfermos. Eso sí, en España, en 2018 se compraron 46 robots Da Vinci, con un coste aproximado de 92 millones €). Lógicamente, la industria en esto, como en los coches, los televisores, las lavadoras, la ropa, etc., procura vendernos “lo último” que no necesariamente incorpora ventajas significativas para la salud ni es coste/eficiente. Y una prueba de que tan necesarios no eran los equipos donados está en el hecho de que, a día de hoy, dos años después, cerca del 50% de los equipos todavía no han llegado al sistema sanitario y otros continúan en sus embalajes originales.
La sexta, es que a pesar de que la dotación tecnológica del país no es especialmente baja sí que lo es su utilización en el sistema sanitario público. Porque para que funcione un acelerador lineal, un RM o un TAC se precisa de personal médicos, técnicos, enfermería, mantenimiento, etc. Con los recortes se disminuyó el personal sanitario y bajó la escasa utilización que ya existía en la Sanidad Pública que contrasta mucho con su uso en el sector privado. O sea que tener más aparatos no va a mejorar nada si no se acompaña de un aumento de personal cualificado que permita su utilización.
La séptima está relacionada con la sobreutilización de la tecnología sanitaria que es un problema importante en una doble vertiente. Por un lado está constatada una utilización excesiva e innecesaria de la tecnología médica (una revisión de The Lancet en 2017 de la utilización de 56 técnicas de uso común detectó entre un 0,26 y un 73% de utilización inapropiada y excesiva) y aunque en nuestro país no hay muchos estudios sobre el tema, se considera que en torno al 30% del uso de la tecnología médica no está justificada; por el otro el conocimiento de que el uso excesivo entraña en ocasiones problemas para la salud de las personas, como sucede por ejemplo con la relación entre radiación y cáncer y los numerosos efectos adversos de los medicamentos (se ha llegado a hablar de un “sistema toxico”). O sea que, deberíamos ser conscientes de que más tecnología y más utilización de la misma no solo puede no ser bueno para la salud sino que puede ponerla en peligro, por lo que se impone un uso prudente de la misma.
Otras consideraciones, como la procedencia del capital que se dona; de las posibles sanciones al donante por parte de Hacienda o de la utilización propagandística de las donaciones, no cambian las repercusiones para el sistema sanitario del hecho en si.
En resumen, las dotaciones del sistema sanitario público deben de garantizarse por los impuestos, lo que precisa de un cambio del sistema fiscal que asegure la contribución progresiva de todos. Una vez que se garantice esta equidad fiscal no sucede nada si alguien decide contribuir con una donación a la Sanidad Pública siempre que esta sea incondicionada y pueda ser utilizada por las administraciones sanitarias, de acuerdo con las necesidades y los planes  de salud (equipamientos, personal, infraestructuras, etc.). No tiene ninguna lógica fomentar la sobreutilización tecnológica ya existente, tenemos que utilizar los recursos tecnológicos de la Sanidad Pública de una manera intensiva (para lo que se necesita más personal cualificado, no necesariamente más aparatos)  y deberíamos de  avanzar en medidas preventivas y de promoción que favorezcan las desmedicalización de la sociedad.

La carrera profesional de los funcionarios, en peligro al verla inconstitucional el Gobierno

Xunta y Estado abrirán negociaciones - Si no llegan a un acuerdo, el Ministerio de Política Territorial llevará las normas al TC, y los ascensos y subidas salariales quedarían paralizadas

Entrada a las dependencias de la Xunta de Galicia en Santiago. // Xoán Alvarez

I. Bascoy
La carrera profesional de los funcionarios y la de los trabajadores del Sergas está bajo amenaza. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ve inconstitucional la regulación que al respecto ha hecho la Xunta y por ello ha abierto el proceso para llevar al Tribunal Constitucional las normas que las regulan. En concreto, el artículo 22 y la disposición adicional décimo séptima de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de este año y parte del artículo 6 y el artículo 18 de La ley de medidas fiscales y administrativas de este año.
El primer paso es abrir "una negociación para intentar resolver las discrepancias" en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Galicia. Y si las conversaciones no llegan a buen puerto, el Gobierno de Pedro Sánchez llevaría las dos normas al Tribunal Constitucional. ¿Qué supondría si el conflicto llega al TC? La Xunta es tajante y declara que "supondría paralizar todas las carreras profesionales vigentes y pactadas con los sindicatos, la carrera profesional en la Administración Xeral, y la de los trabajadores de la sanidad pública gallega".
La carrera profesional de los funcionarios de la Administración General implica este año una subida salarial que oscila entre los 371 euros anuales de los grupos más bajos a los 800 euros que recibirán las categorías más altas.
La carrera profesional permite a los empleados de la Xunta mejorar su nómina con un ascenso de nivel sin necesidad de concurrir a concursos de promoción interna. Hay un grado inicial, sin retribución, y otros cuatro más. Para subir de escalafón deben trancurrir entre cinco y siete años y pasar por una evaluación interna.
Los sindicatos calculan que se benefician de la carrera profesiona la mayoría de los 14.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo que están en plantilla.
La Consellería de Sanidade se anticipó a Facenda y pactó en agosto del año pasado la carrera profesional que permitirá a 22.000 profesional ascender de categoría y también de sueldo. Supone entre 732 euros más al año, en el caso de los celadores, hasta los 2.937,84 euros más para los médicos.
A partir de ahí, para seguir subiendo de categoría, habrá que acreditar una serie de méritos. Lo que más peso tendrá será la actividad asistencial, pero también se puntuará "la implicación y compromiso con la organización", en concreto, en el caso de los facultativos se primará que tengan dedicación exclusiva.
Agentes forestales
Con el movimiento de ficha del Gobierno central, también hay mejoras salariales al margen de la carrera en profesional en peligro. Es el caso de complemento para retirrar de las tareas de extinción a los agentes forestales con 60 o más años. Con este complemento, estos trabajadores pasarían a realizar otras funciones pero sin perder salario. Si se paraliza, los trabajadores tendrán que elegir, explican desde la Consellería de Facenda, "perder dinero en el salario y también en la jubilación o seguir apagando fuegos con más de 60 años".
Otro complemento
También estaría en riesgo de suspensión los complementos que la Xunta pactó para que los funcionarios que ascienden de categoría aprobando unas oposiciones de promoción interna no pierdan dinero durante el periodo de prácticas.

La Xunta asegura que "no entiende donde está el problema" que alega ver el Ministerio de Política Territorial. "La regulación (de este complemento) la copiamos del Estado, pero de prosperar el recurso los trabajadores tendrán que elegir entre perder dinero o no promocionar de categoría", argumentan desde Facenda.

Coralie Delaume: “Si Le Pen llegara al poder, se arrodillaría ante las élites europeas”

Coralie Delaume, ensayista eurocrítica francesa, es autora del libro El eje francoalemán no existe. 

Coralie Delaume -entrevista

ENRIC BONET

Coralie Delaume es una de las voces eurocríticas más activas en Francia. Junto con prestigiosos intelectuales como el sociólogo Emmanuel Todd, el economista Jacques Sapir o el filósofo Frédéric Lordon (impulsor de la Nuit Debout) forma parte de la creciente intelligentsia francesa que desarrolla análisis depurados sobre la crisis de la Unión Europea y apuesta por proyectos de ruptura. Un euroescepticismo de izquierdas cuyo peso crece en la opinión pública francesa.
“El Parlamento Europeo, que tiene muy poco poder, difícilmente reorientará las políticas neoliberales de la UE”, asegura a El Salto Delaume, que ha publicado recientemente los libros Le couple franco-allemand n’existe pas (El eje francoalemán no existe) y 10+1 questions sur l’Union européenne (10+1 preguntas sobre la Unión Europea). Durante una extensa entrevista en un café en el noroeste de París, analiza los desafíos de la UE después de las elecciones europeas, la pugna creciente entre Angela Merkel y Emmanuel Macron que puede influir en la designación de los nuevos cargos de las instituciones europeas y la dificultad de las fuerzas de izquierdas por encarnar un discurso crítico con la Europa neoliberal.
Tras las elecciones europeas del pasado domingo, las fuerzas del bipartidismo (populares y socialistas) ya no representan la mayoría absoluta de la Eurocámara. Hará falta una “gran coalición” más amplia con la presencia de liberales o incluso sería posible una alianza sin la presencia de populares. ¿Qué influencia tendrá el nuevo Parlamento Europeo en el futuro de la UE?El Parlamento Europeo, que tiene muy poco poder, difícilmente reorientará las políticas neoliberales de la UE. En realidad, las medidas más trascendentales se adoptan en el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo o la Comisión. Incluso el Tribunal de Justicia de la UE, que adopta buena parte de la jurisprudencia europea con marcado acento neoliberal, tiene más poder que la Eurocámara.
Todo apunta que con la nueva legislatura no se respetará la lógica delspitzenkandidaten, es decir, que el presidente de la Comisión Europea sea el candidato del grupo más votado en Estrasburgo… Sí, seguramente se elegirá al próximo presidente de la Comisión a través de las negociaciones entre los jefes de estado. Como se hacía en los viejos tiempos. El Spitzenkandidaten fue introducido en 2014 a partir de una lectura muy parlamentarista de los tratados europeos. Pero parece haber fracasado ante la realidad que nos muestra que la Eurocámara no es un verdadero parlamento ya que no representa a un pueblo europeo.
“Como Weber es muy conservador, difícilmente logrará los apoyos de los socialdemócratas en el caso probable en que se reedite una “gran coalición” europea (ahora también con los liberales y quizás los verdes)”
Mientras que Merkel apuesta que el futuro presidente de la Comisión sea el alemán Manfred Weber, candidato del grupo popular, que será el más votado según los sondeos, Macron se opone a ello. ¿Habrá una disputa entre la canciller alemana y el presidente francés? Weber tiene muy pocas posibilidades de ser elegido como presidente de la Comisión. Su figura genera muy poca unanimidad y tiene poca estatura política. No ha ejercido como primer ministro y, según una vieja tradición, el presidente de la Comisión suele ser un ex primer ministro. Como Weber es muy conservador, difícilmente logrará los apoyos de los socialdemócratas en el caso probable en que se reedite una “gran coalición” europea (ahora también con los liberales y quizás los verdes). Como este año habrá que elegir numerosos puestos en las instituciones europeas —presidente de la Comisión, del Consejo Europeo, del BCE y la Alta representante—, no me extrañaría que haya un intercambio de puestos entre Francia y Alemania. Es decir, si Macron lograra que el puesto de la presidencia de la Comisión sea para alguien más afín a sus intereses, como el francés Michel Barnier (actual responsable de la UE de las negociaciones por el Brexit), no me sorprendería que Merkel pidiera que la presidencia del Banco Central Europeo fuera para un alemán.
Merkel reconoció en una entrevista publicada el pasado 15 de mayo una “diferencia de mentalidad” y una “confrontación” con el gobierno francés. La división entre Francia y Alemania parece cada vez más evidente. ¿Cómo la explica? Las tensiones entre Macron y Merkel se deben al hecho de que el presidente francés apostó por una estrategia que consistía en aplicar reformas neoliberales en Francia a cambio de ganar la confianza de Alemania. De esta forma, lograr que los alemanes aceptaran reformas en el seno de la UE como la creación de un presupuesto especial de la zona euro que permitiera transferencias masivas desde las regiones más ricas hacia las regiones más pobres, en particular hacia los países del sur de Europa. Pero, como era previsible, los alemanes le dijeron que no. Estos solo aceptaron la creación de una pequeña partida presupuestaria incluida en el mismo presupuesto de la UE, cuyos recursos son ya de por sí muy limitados, al representar solo el 1% del PIB europeo.
Además, Macron tampoco logró que los alemanes aceptaran la creación de un impuesto europeo sobre los gigantes de Internet. Berlín también se opuso a ello ya que temía que como represalia Estados Unidos impusiera tasas aduaneras sobre el sector del automóvil, que representa el corazón de la industria alemana. 
De hecho, la misma pertenencia al euro ha acentuado las diferencias económicas entre Francia y Alemania…Sí, el euro tiene un valor inferior al que le correspondería a las monedas nacionales de varios países del norte de Europa. En el caso de Alemania, el FMI estimó que el euro estaba devaluado entre un 18% o 20% a lo que le correspondería a su valor real. En cambio, en Francia, el euro está sobrevalorado entre un 7% u 8%. Esto crea unas diferencias de competitividad enormes, como sucede en el caso de la economía alemana, que dispone de unos excedentes comerciales increíbles. 
Parece una paradoja porque el euro se trata de una iniciativa básicamente francesa y al principio los alemanes fueron muy reticentes en adoptar la moneda única.El Bundesbank se opuso en un principio y recientemente encontré una entrevista del excanciller alemán Helmut Kohl del 2002 en la que decía que tuvo que comportarse como un dictador para imponer el euro en su país y que si hubiera organizado un referéndum, lo hubiera perdido con más del 60% de los votos en contra. Debido a su historia monetaria, y a episodios como el de la híperinflación de 1923, los alemanes dan una gran importancia a una gestión ortodoxa de la moneda. Al final aceptaron el euro con la contrapartida de que fuera gestionado bajo sus condiciones: un Banco Central independiente y priorizar la lucha contra la inflación y la austeridad presupuestaria.
“El euro tiene un problema de concepción. Una moneda federal sin un estado federal, sin un presupuesto federal ni un pueblo europeo difícilmente es viable”
Durante la mayor parte de su historia, el euro ha sido gestionado a partir de estas tesis alemanas, lo que debilitó sobre todo a los países del sur del continente que no podían suportar esta estructura económica. Ante la crisis del euro y la amenaza de una implosión, esto cambió en 2012 con la elección de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo que impulsó una política monetaria más heterodoxa y expansiva a través de la compra de títulos de deuda con el quantitative easing. Esto comporta que la política monetaria europea sea un espacio de tensión y contradicciones entre países que hace que el futuro del euro sea difícilmente viable.
¿Por qué cree que el euro no es viable a medio o largo plazo? El euro tiene un problema de concepción. Una moneda federal sin un estado federal, sin un presupuesto federal ni un pueblo europeo difícilmente es viable. Quizás deberíamos compensar los desequilibrios generados por el mismo euro a partir de transferencias presupuestarias, pero los países del norte, con excedentes, se oponen a ello.
En el futuro Alemania dejará de ser número uno en determinados sectores, puesto que sus universidades ya no ocupan las primeras plazas a nivel mundial, no se posicionó suficientemente en las nuevas tecnologías y depende de la industria del automóvil y de los bienes de equipo
Macron apostó por seducir a los dirigentes alemanes para aceptaran una reforma de la UE en clave federal, pero dos años después esta estrategia ha dado escasos resultados y apenas cuenta con apoyos en el resto de países. ¿El presidente francés tiene un plan B? No lo creo, porque se trata de un europeísta y un liberal. Lo lleva incorporado en su ADN. Su trayectoria personal es muy típica: se formó en la Escuela Nacional de Administración (incubadora de las élites francesas), trabajó en la inspección de finanzas (uno de los cuerpos de funcionarios más influyentes en el Estado francés) y ejerció como banquero de negocios. Macron encarna prácticamente una caricatura de la connivencia entre élites públicas y privadas.
Como apunta en su libro El eje francoalemán no existe, las élites francesas utilizan Alemania para imponer las reformas neoliberales en Francia. La clase dirigente francesa tiene una gran admiración por el modelo alemán que es absolutamente contrario al modelo social francés. Desea imitar su austeridad presupuestaria, sus bajos niveles de deuda, pero sobre todo su rebaja de los salarios. Utilizan Alemania como modelo y mecanismo de imposición exterior. “Mirad los alemanes nos piden hacer estas reformas si queremos ser tan competitivos como ellos”, dicen las élites al pueblo francés, que no desea estas medidas neoliberales. Pero el problema es que tienen una visión mitificada de Alemania, un país que ha logrado grandes éxitos económicos, pero que también se confronta a grandes dificultades con sus “mini jobs” (empleos basura), niveles de desigualdad, bajos niveles de inversión pública y una gran dependencia de la globalización, que la hace depender del comercio con China y Estados Unidos.
El modelo económico de la Alemania neoliberal está cada vez más cuestionado… La economía alemana se está ralentizando y se multiplican los dolores de cabeza para sus dirigentes. Su modelo exportador se ha visto debilitado por la ralentización en China y las amenazas de Trump de tasar las importaciones alemanas. El economista indio Ashoka Mody explica en su libro Eurotragedy: a drama in nine acts (La tragedia del euro: un drama en nueve actos, que aún no ha sido traducido en castellano) que en el futuro Alemania dejará de ser número uno en determinados sectores, puesto que sus universidades ya no ocupan las primeras plazas a nivel mundial, no se posicionó suficientemente en las nuevas tecnologías y depende en exceso de la industria del automóvil y de los bienes de equipo. Es un país que se encuentra en un momento de inseguridad.
En las conclusiones de su libro cita al politólogo búlgaro Ivan Krastev quien dijo que “si la desintegración europea tiene que producirse, no será a través de una desertificación de la periferia sino a partir de una revuelta del centro”. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que no es imposible que una fragmentación de la UE empiece por Alemania. Hasta ahora este país se ha beneficiado del mercado único y el euro, pero llegará un momento en que su pertenencia a la zona euro le resultará más cara de lo que le aporta. Ante estas contradicciones, no me sorprendería que se produjera un repliegue nacional en Alemania. Ya lo estamos viendo con la nueva líder de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, —quizás futura canciller— quien por conservadurismo adopta posiciones más soberanistas que Merkel.
¿No cree que todas las dificultades de las autoridades británicas con el Brexit servirán como espantapájaros de los discursos euroescépticos? Por un lado, las dificultades del Reino Unido con el Brexit pueden hacer pensar a la gente que salir de la UE es muy duro y no vale la pena intentarlo. Pero, por el otro, pueden resultar la prueba de que se trata de una cárcel y de que es muy difícil salir de la UE porque las élites europeas no tienen ningún interés de que el Brexit transcurra de forma ordenada. 
Pero en los últimos años partidos ultraderechistas, como la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, han moderado su posición sobre la UE y ya no apuestan por el frexit ni la salida de la zona euro…
La UE no es un espacio de paz y cooperación, sino de competición que favorece las desigualdades entre los diferentes pueblos europeos
En parte se debe a motivos electoralistas. A través de un discurso más social y de ruptura con la UE, la extrema derecha francesa logró seducir a sectores importantes de las clases populares, pero no consigue atraer a las clases medias conservadoras, que son las que más votan en las elecciones europeas. Si Le Pen llegara al poder, seguramente se arrodillaría ante lo que piden las élites de Bruselas. Habría una continuidad con las políticas neoliberales. Creo que seguiría el mismo ejemplo de lo que hizo el gobierno austríaco hasta la reciente dimisión de los miembros del FPÖ (extrema derecha). Viena mantenía un discurso de exaltación nacional, pero al mismo tiempo adoptaba reformas antisociales.
Europa divide a las fuerzas de la izquierda entre aquellas que adoptan posiciones más federalistas o más soberanistas. ¿Por qué a los partidos progresistas les cuesta tanto adoptar un discurso de ruptura y crítico con la UE actual? Esto se debe al hecho de que existe un tabú entre las fuerzas de izquierdas sobre la idea de nación. La izquierda ha sido tradicionalmente internacionalista y entonces es favorable a la UE porque entiende que significa vivir en un espacio de paz, cooperación y de gran amistad entre países vecinos. Pero creo que se trata de una visión equivocada. La UE no es un espacio de paz y cooperación, sino de competición que favorece las desigualdades entre los diferentes pueblos europeos. Como son internacionalistas, muchos partidos progresistas tienen grandes dificultades para asumir la idea de nación. Creen que esta favorece el repliegue sobre uno mismo, pero esto no es cierto ya que se trata solo del marco en el que se organiza la democracia.
¿Aún estamos a tiempo de democratizar las instituciones europeas? No lo creo, porque la UE no fue construida para ser más democrática sino para sustraer un determinado número de competencias a los estados. La toma de decisiones se realiza a escala supranacional en estructuras tecnocráticas que escapan completamente de las urnas. No podemos democratizar la UE. Por ejemplo, si el BCE dejara de ser independiente, ¿a quién debería rendir cuentas? No hay un estado europeo, ni un presidente europeo ni un gobierno europeo. Pero, sobre todo, no existe un pueblo europeo.

¿Pero no cree que algunos de los principales desafíos actuales, como la lucha contra el cambio climático, el fraude fiscal o el dumping fiscal, deben ser tratados a través de estructuras supranacionales europeas? También podemos afrontar estas cuestiones a través de la cooperación entre gobiernos nacionales, sin tener que delegar la soberanía a entidades no electas. Primero, podríamos empezar con la cooperación entre tres o cuatro países a los que se añadirían después otros. Así sucedió en el pasado con la creación del fabricante aeronáutico Airbus, que empezó como un proyecto francoalemán al que luego se le incorporaron otros países como España u Holanda. Lo mismo sucedió con la cooperación nuclear o espacial europea, en las que también participan países que no forman parte de la UE.