Ahora los médicos que practicaron la cesárea han sido acusados de homicidio por un grupo de abogados conservadores por la muerte del bebé
Las autoridades retrasaron todo lo posible la intervención, aunque el embarazo ponía en riesgo la vida de la menor
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El 27 de febrero una niña de 11 años fue obligada a dar a luz por cesárea después de que las autoridades de una provincia argentina le negaran en reiteradas oportunidades el derecho a someterse a un aborto. La pequeña había sido violada por la pareja de su abuela, de 62 años. La bebé, que nació con 24 semanas de gestación pese a que la niña y su madre manifestaron mucho antes su deseo de interrumpir el embarazo, murió días después. Ahora los médicos que realizaron la intervención quirúrgica han sido acusados de asesinato.
José Gigena y Cecilia Ousset están acusados de los delitos de homicidio calificado, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el documento presentado ante la Fiscal Especializada en Homicidio Número 1, un grupo de abogados y médicos, domiciliados en San Miguel de Tucumán (en el norte de Argentina) acusan por la muerte del bebé a los facultativos que realizaron la operación en un hospital público.
URGENTE. Denunciaron a lxs médicxs que practicaron la cesárea a la nena de 11 años en Tucumán. Hablamos con José Gigena en #Navarro2019 por @eldestape_radio. Los acusan de Homicidio. Es una locura.
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Ousset contó en su momento que mientras estaban en el quirófano el equipo médico decidió no participar, alegando "objeción de conciencia". En Argentina el aborto es legal en casos de violación o de peligro para la vida de la madre o del niño desde 1921.
"El movimiento Salvemos las dos vidas lo que quiere es o salvar las dos vidas o que no se salve ninguna", ha asegurado José Gigena a la periodista María Florencia Alcaraz tras conocer la denuncia.
Pese a ello, los denunciantes apuntan a que ese causal no aplica en el caso de la niña a la que la prensa argentina ha llamado Lucía. "Tenemos entendido que la niña de 11 años es sana mentalmente, entonces no tipificaría dentro del aborto no punible" sostuvieron los abogados denunciantes.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia argentina ha dictado sentencia en este sentido en el llamado Fallo F.A.L., que determina que no resulta punible la interrupción del embarazo en cualquier clase de violación, y que los casos de aborto no punible no están supeditados a ningún trámite judicial. Además, la sentencia exhorta a los hospitales a implementar los protocolos correspondientes.
Nada de esto sucedió en el caso de la pequeña Lucía, que acudió con su madre al sistema público de salud con la voluntad de interrumpir el embarazo, que se detectó en la semana 19, pero se encontró con múltiples intentos de evitar o al menos retrasar el aborto. "Ha sido obligada a parir. Además de ser víctima de violación e intentar suicidarse dos veces, su salud corría peligro", expresó en su momento la abogada tucumana de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza.
Argentina aprobó en el Congreso de los Diputados una ley de plazos similar a la española en una jornada histórica. Sin embargo, la norma fue tumbada en la votación del Senado, precisamente con los votos de los representantes de las provincias del norte del país, las más conservadoras. Hace solo un mes, otra niña de 12 años violada fue obligada a una cesárea por los retrasos y dilaciones que impedían una interrupción del embarazo segura.
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