GALICIA
Los juzgados
condenan al Servicio Galego de Saúde a repetir concursos ganados por médicos
cercanos al gobierno de Feijóo
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Juntos en el hospital
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de
Galicia, dona sangre en un centro de transfusión acompañado por la consejera de
Sanidad, Rocío Mosquera, en noviembre de 2014.
En
las últimas cinco convocatorias para cubrir jefaturas de servicio en el
Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) se ha producido una curiosa
casualidad: solo se ha presentado un candidato para cada plaza. Esta
circunstancia se ha repetido en otras provincias gallegas, como Ourense, donde
se creó la plaza de jefe de Sección de Urgencias –única en su especie, pues no
existe otra igual en ningún hospital gallego–, y solo se presentó el marido de
la gerente sanitaria de la provincia, que es Eloína Núñez, prima del presidente
de la Xunta de Galicia.
Parece que los profesionales de la sanidad en Galicia se abstienen
de participar en procesos de méritos, después de ver cómo han quedado las
carreras de ciertos colegas que han tenido que recurrir a la justicia para
reclamar independencia y objetividad a los comités evaluadores, nombrados por
los gerentes hospitalarios.
Los juzgados gallegos llevan toda la legislatura recibiendo
reclamaciones de médicos aspirantes a una jefatura que perdieron frente a candidatos
menos cualificados y adeptos a los gerentes de sus hospitales.
El doctor Evaristo Varo, jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal
del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor titular de
Cirugía y Trasplantes de la Universidad de Santiago, es contundente al
respecto: “Ahora ya solo se presentan a los concursos los elegidos previamente. Se ha eliminado la sana competencia en
los procesos selectivos del Sergas [Servicio Gallego de Salud]. Los profesionales no quieren arriesgarse a una derrota injusta y a posibles represalias.
De esta manera, no ganan los mejor preparados,
sino los elegidos por el Gobierno gallego para dirigir esas jefaturas. Y eso lo
paga el ciudadano, que no recibe la sanidad de calidad que merece”.
El propio Varo sabe lo que es perder frente a un alumno suyo la
jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del CHUS. Su contrincante era
Francisco Bustamante, marido de la consejera de Sanidad de la Xunta, Rocío
Mosquera.
EL MARIDO GANA
En 2010, se convocó la plaza y se presentaron tres aspirantes,
Bustamante,
Varo y el doctor Miguel Caínzos, jefe de sección del mencionado servicio.
Ganó Bustamente,
pese a que objetivamente los méritos que le llevaron a la victoria
eran menores que los de los otros aspirantes. Caínzos denunció, y en enero de
2014 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) anuló el nombramiento
del marido de la consejera dictaminando que se había producido “desvío de poder” en el tribunal evaluador de los méritos.
La Xunta repitió el proceso; y esta vez el pulso fue entre
Bustamante y Varo. Y volvió a ganar el cónyuge de Mosquera.
El cirujano cordobés Evaristo Varo, de 59 años, ha recurrido la elección
del que fue su alumno,
Francisco Bustamante, para dirigir el departamento. Pero ha hecho algo más
determinante: ha creado una asociación, Batas Blancas, para que sirva de
altavoz a los médicos “maltratados” por la Administración sanitaria. Lo ha
hecho con otros “represaliados”. “Ya somos cuarenta los médicos y personal
sanitario que trabajamos activamente en la asociación –cuenta–, denunciando
corrupción en los hospitales gallegos. Hay 800 compañeros que nos apoyan. Hemos
presentado tres denuncias en la fiscalía, para que sea esta la que investigue
las irregularidades que se cometen con el dinero público”.
DESTITUIDO
POR DENUNCIAR
Varo
es el vicepresidente de la asociación. El otro promotor de Batas Blancas, y
además su presidente, es el doctor José María Borro, madrileño de 63 años,
padre del trasplante pulmonar en España y hasta hace unos meses jefe de Cirugía
Torácica del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). De hecho, creó el
Servicio en 1998. Borro fue destituido dos veces, ambas tras denunciar
irregularidades en su servicio. Por ejemplo, el desvío de pacientes del Sergas
a clínicas privadas para ser operados por los mismos médicos que los atendían
en la sanidad pública (ver recuadro). También informó a sus superiores sobre la
técnica que empleaban tres de sus subordinados –la cirugía torácica de una sola
incisión–, sin su consentimiento y sin informar a los pacientes, según Borro.
En
este asunto radica la caída en desgracia del cirujano. “Es una técnica sin
evidencia científica, con riesgos, y sin una sola ventaja respecto a la que se viene
realizando de dos incisiones”, alega Borro. Uno de esos tres médicos estuvo
relacionado con la familia del senador popular José Manuel Barreiro.
Tras
las denuncias, el cirujano madrileño fue destituido, en octubre de 2012.
Recurrió a la justicia y ganó la batalla. El TSXG revocó su destitución y
dictaminó que el cese no estaba motivado. Pero en noviembre de 2013 fue
repuesto en la jefatura. Borro volvió a denunciar el desvío de pacientes de su
departamento a clínicas privadas llevado a cabo supuestamente por los mismos
médicos que habían puesto en marcha la nueva técnica quirúrgica. Y al poco
volvió a perder el puesto. El cese, “por
falta de confianza”, ha sido recurrido de nuevo. “Es vergonzoso que hayamos llegado a esto. La esencia de la sanidad
pública se ha perdido: los méritos médicos y el interés del paciente ya no
existen en Galicia”, sostiene José María Borro.
■ “No
ganan los mejor preparados, sino los elegidos por el Gobierno gallego”, dice Varo
MÉDICOS
Y POLÍTICOS
Hay
más casos de ceses injustificados de jefes de servicio históricos del Sergas.
Víctor Pedreira, creador del servicio de Psiquiatría del CHOP y su jefe entre
1982 y 2012, en un tormentoso proceso denunció por lo penal una posible
prevaricación por el nombramiento del doctor Isauro Gómez Tato como jefe de
Psiquiatría por tener este objetivamente menos méritos. El doctor Gómez Tato se
ha limitado a decir a interviú que no puede comentar nada del proceso judicial abierto.
Pedreira fue subdirector general de Salud Mental durante el Gobierno del
tripartito. Y cree que haber ocupado ese cargo es el motivo del parón en su
carrera. Por su parte, Gómez Tato, que siempre ha negado una amistad con el
gerente del CHOP, José Manuel González, ocupó un puesto técnico de libre
designación en la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Fraga.
No
es el único contencioso contra el gerente del CHOP. José Manuel González, que
pertenece a la directiva provincial del PP de Pontevedra, fue denunciado en
2012 por el médico Enrique Vázquez Astray, por su cese como jefe del Servicio
de Digestivo del CHOP. El gerente González está imputado en esa causa por un
presunto delito contra la integridad moral. José Manuel González, quien ha
declinado hacer declaraciones a esta revista, fue el último consejero de
Sanidad del Gobierno de Fraga.
CUANDO LAS CUENTAS NO SALEN
■ EL SERGAS (Servicio
Gallego de Salud) mantiene conciertos con empresas privadas para realizar
sesiones de hemodiálisis, entre otros servicios. Esos conciertos suponen a las
arcas públicas unos 30 millones de euros al año. Diversos colectivos médicos
consideran innecesarios estos contratos, puesto que la infraestructura de la
que disponen los hospitales gallegos garantiza la asistencia a los enfermos
renales crónicos.
En Ourense y Vigo es la Fundación Renal Íñigo Álvarez
de Toledo la que presta el servicio de hemodiálisis. Se trata de una fundación
privada que se implantó en Galicia en la época de Fraga como presidente de la
Xunta, siendo consejero de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, secretario
general de Sanidad Alberto Núñez Feijóo, y director general de Asistencia
Sanitaria
Enrique Castellón. Hoy este último es vicepresidente de
la fundación, y Romay Beccaría, vocal a título personal.
El Tribunal de Cuentas gallego halló irregularidades en
2013 en los contratos de hemodiálisis. Entre otras cosas, advirtió de que la
tarifa de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en
Ourense –provincia que supone para la actividad de la
entidad un 32 por ciento y donde el hospital público le cede sus locales– es un
20 por ciento más cara que la propia del Sergas. En Santiago de Compostela, el
concierto de hemodiálisis lo mantiene el Policlínico La Rosaleda, uno de cuyos
propietarios es la familia de Xerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta
y presidente de honor del PP gallego.
ZIPI
Un
exministro en la fundación
José Manuel Romay Beccaría, y exconsejero de Sanidad de
Galicia, es vocal de la Fundación Renal Ínigo Álvarez de Toledo, que mantiene
varios contratos con la Xunta.
EL NEGOCIO DE LOS QUIRÓFANOS
DENUNCIA EN LA FISCALÍA
POR EL DESVÍO DE PACIENTES A LA PRIVADA
■ EN LA ÚLTIMA
denuncia que ha efectuado la asociación médica Batas Blancas ante la Fiscalía
Provincial de A Coruña se relata cómo presuntamente a doce pacientes del
Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña (CHUAC) se les derivó a centros privados, donde fueron intervenidos por
los propios médicos del servicio que los atendían en el Servicio Gallego de
Salud (Sergas).
Los centros a los que se derivó supuestamente a los
pacientes fueron el Hospital IMQ San Rafael, el Policlínico Santa Teresa y el
Hospital Modelo.
Según la denuncia, podría existir una trama organizada por
algunos médicos adjuntos del servicio de Cirugía Torácica del CHUAC para
derivar pacientes a las clínicas privadas donde ellos operan también.
Una operación de pulmón en la sanidad privada puede costar
unos 18.000 euros. La presunta trama fue denunciada por primera vez en julio de
2011 y después en 2014 por el entonces jefe del servicio, el doctor José María
Borro, destituido en dos ocasiones por denunciar, entre otras irregularidades,
este caso.
■ La Fiscalía de Santiago
investiga cinco muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra
la hepatitis C
FUNDACIONES OPACAS
No solo amiguismo es lo que denuncia la asociación de médicos Batas
Blancas; también mala gestión del dinero público y los recortes que llevan a
negar medicamentos a los enfermos. Esta semana la fiscalía de Santiago comienza
a tomar declaraciones por la denuncia que interpuso la asociación por cinco
muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra la hepatitis
C. La entidad pide que se investigue a la Xunta en relación con la denegación
de tratamientos, retraso y pérdida de expedientes de enfermos.
La Consejería de Sanidad no ha querido contestar a las preguntas de
esta revista. Una de ellas estaba referida a la supuesta opacidad en las
cuentas públicas de las tres fundaciones de investigación médica del Sergas.
Estas fundaciones, bajo el protectorado de la consejería, deben remitir
anualmente sus cuentas a ese departamento del
Gobierno gallego. “No se conocen ni las donaciones que reciben las fundaciones, ni
el destino de los fondos, ni el personal contratado”, explica José María Borro, quien
alerta de que “las fundaciones podrían ser un coladero de contrataciones a
personas vinculadas al PP”.
SALVADOR SAS
Hermana
Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente
de la Xunta de Galicia (en la imagen, felicitando a su hermano por el éxito
electoral en 2009), es apoderada de la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios,
adjudicataria de numerosos contratos con la sanidad gallega.
LA HIJA Y EL AMIGO
Las tres fundaciones para la investigación sanitaria de la Xunta
están dirigidas por personas vinculadas a los hospitales públicos, y en algunos
casos son los propios gerentes de los centros los máximos responsables de las
fundaciones. Por ejemplo, José Manuel González, que fue nombrado en mayo de
2009 gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), cargo que conlleva
también la presidencia de la Fundación para la Investigación IDI CHOP de ese
hospital. Una de las contrataciones que realizó ha llegado a la fiscalía: se
trata de Pedro García Puig, un conocido miembro del PP de Pontevedra, que fue
presidente de Nuevas Generaciones de la provincia y compañero en el partido del
gerente González. García Puig no ha querido hacer declaraciones. Fue contratado
indefinidamente, en marzo de 2010, recién diplomado en Gestión y Administración
Pública, supuestamente sin que mediara un concurso público.
También la hija del propio José Manuel González fue contratada en
una fundación, siendo su padre
Consejero de Sanidad, en 2004. Licenciada en Psicología,
la hija de González logró un contrato, supuestamente por designación directa,
en la Fundación Juan Canalejo, hoy Instituto de Investigación Biomédica de A
Coruña, donde continua prestando sus servicios.
