Ana Requena Aguilar
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La ministra de Empleo acaba de renovar su mandato, pero su gabinete lleva tiempo dándole vueltas a las líneas de la que será la gran reforma de esta legislatura: las pensiones. Con un sistema en crisis y la hucha a punto de agotarse, el Gobierno baraja incluso fórmulas extremas de difícil consenso. Según ha podido saber eldiario.es, el entorno más directo de la ministra Fátima Báñez ha planteado la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que se hagan cargo de las pensiones de viudedad, algo que supondría una ruptura con el sistema actual.
Según esa tesis, estas pensiones saldrían de la caja de la Seguridad Social: dejarían de ser prestaciones contributivas para convertirse en ayudas asistenciales que dependerían de la capacidad de las comunidades. La idea, sin embargo, no nace de la secretaría de Estado de Seguridad Social, liderada hasta ahora por Tomás Burgos.
El argumento que barajan algunos miembros del ministerio para ‘vender’ este cambio es doble. Por un lado, que sacar estas prestaciones del sistema permitiría acabar con el déficit de la Seguridad Social. La previsión que maneja el departamento es que ese agujero sea de 18.000 millones de euros al acabar este año. El coste de las pensiones de viudedad ronda precisamente los 20.000 millones de euros.
Por otro lado, que de esta forma las pensiones podrían subir más del 0,25% que, tras la última reforma, parecen condenadas a crecer, al menos hasta que el panorama laboral cambie radicalmente. ¿Por qué? Si las prestaciones de viudedad salen de la Seguridad Social, se acaba con casi todo el déficit del sistema y eso permitirá que la fórmula con la que se calcula la subida anual de las pensiones dé un resultado superior a ese 0,25%.
La última reforma acabó con la revalorización de las pensiones conforme al IPC y aprobó esta nueva fórmula para calcular la subida anual. La fórmula tiene en cuenta varios factores, como el estado de las cuentas de la Seguridad Social o el número de pensiones. Según el resultado de esa fórmula, las pensiones pueden subir entre un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,5%.
Actualmente existen 2.360.000 pensiones de viudedad, la mayoría percibidas por mujeres. Se trata de prestaciones contributivas que se han generado por la cotización de un trabajador y que son, por tanto, un derecho. Su cuantía depende de cuál fuera esa cotización.
Si estas pensiones salieran de la Seguridad Social y fueran las comunidades las encargadas de sufragarlas, esto cambiaría: ya no estarían unidas a una cotización, sino que se convertirían en una prestación asistencial que dependería de cada territorio. El Estado no tiene competencia para marcar una cuantía mínima en las prestaciones ofrecidas por las comunidades, por lo que cada territorio podría fijar unos umbrales diferentes.
Más financiación
La comisión del Pacto de Toledo del Congreso ya está trabajando en ideas para aumentar la financiación de la Seguridad Social. El reto es cómo conseguir que el sistema tenga más ingresos para que sus cuentas cuadren y las pensiones sean sostenibles. En los últimos meses se han plateado varias ideas que giran, sobre todo, en torno a la posibilidad de pagar con impuestos (o bien crear un impuesto específico) para sufragar las pensiones.
Una de las opciones que se han puesto sobre la mesa es que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos. Pero esto tampoco satisface a los agentes sociales por el malestar social que podría crear atribuir a este tipo de prestaciones carga impositiva directamente.
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