La reproducción asistida en España: una ley avanzada pero que el Gobierno torpedea

-La aprobación en Reino Unido de una nueva técnica reproductiva para evitar enfermedades en bebés reaviva el debate de hasta dónde se puede llegar en la reproducción
-La legislación española es "muy permisiva", según los expertos, aunque el Gobierno del PP ha sacado ciertos servicios de la cartera común como la reproducción para madres solteras o parejas de lesbianas
-Los 'bebés medicamento' o el diagnóstico genético preimplantacional, entre las novedades que se pueden practicar en España

Daniel Sánchez Caballero

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Una mujer que ha tenido una hija mediante reproducción asistida. / Fotografía: Fotodiezydiez

"El hecho de que haya pacientes que necesiten una técnica y que esta exista impone que se acabe legalizando". Por cierta reticencia que pueda haber ahora, Onica Armijo, especialista adjunta de ginecología en el servicio de reproducción humana y ginecología del hospital La Paz de Madrid, no tiene dudas de que en España se acabará implantando la nueva técnica de reproducción asistida  que aprobó el Reino Unido el pasado martes, por la que se evitará que nazcan bebés con enfermedades mitocondriales –ocurre en uno de cada 6.500 nacimientos–, ya que se transfiere el ADN mitocondrial de una donante y no el de la madre portadora.

Igual que Armijo opinan Anna Veiga, directora del Banco de Líneas Celulares del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, y Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es casi inevitable. Sin embargo, ahora mismo no se podría hacer y la ley que regula la situación, de 2006, ni siquiera la recoge. Si hubiera alguna petición concreta para realizarlo –caso que aún no se ha dado, según el Ministerio de Sanidad–, habría que solicitarlo a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y a la de Garantías de donación de células y tejidos, y esta última tendría que evaluarlo. Quizás habría que cambiar la ley.

Sin ser Reino Unido, el país más avanzado legislativamente del mundo en este tipo de cuestiones de reproducción asistida, España tiene una normativa bastante "permisiva" en esta área, según los expertos consultados. "Al menos acorde a la de países de la UE o EE UU", asegura De Lora. La ley autoriza la inseminación de mujeres solteras, lesbianas, permite los llamados 'bebés medicamento' y el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) para evitar futuras enfermedades a los bebés desde antes de nacer (algo parecido en sus objetivos al trasplante de mitocondria aprobado en Reino Unido).

La normativa básica data de 2006 y 2007, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual, de ideología mucho más conservadora, no se ha atrevido a tocarla –algunos profesionales como Anna Veiga se temían que iba a suceder a la del aborto en la lista de reformas del Ejecutivo, "por suerte no fue así"–, pero sí le ha metido mano por otra vía: modificando la cartera de servicios.

En 2013, al poco de llegar al Gobierno, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, estableció que la cartera básica de servicios comunes solo cubriría un tratamiento de fertilidad a parejas que tuvieran un problema de fertilidad, con lo que dejó fuera, de facto, a lesbianas o madres solteras. "La falta de varón no es un problema médico", sentenció la ministra con una argumentación que fue tildada de "ideológica".

No obstante, algunas comunidades autónomas decidieron obviar la directriz de Sanidad y seguir financiando estos tratamientos. Es algo parecido a lo que sucedió en su momento con el uso de embriones sobrantes de los procesos de reproducción asistida para investigación. El PP se opuso y citó motivos éticos. Pero el PSOE legisló y acabó aceptando la situación.

La absoluta falta de debate

Lo que los expertos echan en falta en España es una autoridad nacional similar a la británica HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority, la agencia que regula las cuestiones de reproducción asistida en Reino Unido) que ponga sobre la mesa los temas controvertidos, en la que se investiguen, consulten y debatan, como ha ocurrido con la nueva ley. Los británicos llevan hablando del tema desde 2010. Se ha pedido opinión a los ciudadanos, o a grupos de interés como los religiosos, antes de someter la cuestión a votación.

"Aquí las noticias de la reproducción asistida llegan muchas veces a través de la prensa y cada uno en su casa se plantea el tema", observa Veiga. De Lora lamenta "la absoluta falta de transparencia. La HFEA proporciona una gran cantidad de información; en España es lamentable. Nuestros comités de bioética y los órganos de consulta son absolutamente opacos, no generan deliberaciones aprovechables, informes. Y es un tema sensible –la reproducción asistida–; es normal que la gente se interese". En España se calcula que unas 800.000 parejas tienen problemas de fertilidad y que el 3% de los nacimientos provienen de técnicas de reproducción asistida.

Una fecundación in vitro que, al ritmo que avanza la ciencia, cada vez permite más posibilidades, y que la ley española va otorgando. Es el caso de los diagnósticos genéticos preimplantacionales. Esta es una técnica por la que se estudian las posibles alteraciones genéticas y cromosómicas en los embriones, antes de su implantación, para lograr que los hijos nazcan libres de enfermedades hereditarias. "No es rutinario pero se hace frecuentemente", explica De Lora. "Solo para enfermedades serias que no tengan curación posnatal o sean incompatibles con la vida", aclara Armijo.

Otro ejemplo son los llamados 'bebés medicamento'. Son niños que nacen para curar a un hermano, por ejemplo. "Son fruto de una selección en la que se comprueba que están libres de la enfermedad que tiene su hermano y que es histocompatible", cuenta De Lora. Esta técnica lleva unos años aplicándose. "En principio, los comités de ética eran reacios porque la ley no los tenía en cuenta, pero la orden ministerial de 6 de noviembre de 2014 lo ha incluido en la cartera de Servicios del IMSALUD –de nuevo– y los permite expresamente", autorización mediante de la comisión correspondiente.

Entre las cosas que la ley no permite están los trasplantes de útero o los vientres de alquiler. La primera es una técnica bastante nueva y quirúrgicamente muy compleja. "Se ha hecho en Suecia, en Turquía... Siempre dentro de un ensayo clínico", explica Armijo. "Aquí no se plantea. Está la adopción, la donación de embriones... En el mundo musulmán se está promoviendo esto porque el vientre de alquiler no entra en su concepción", cita. ¿Y aquí sí se plantea como opción? "No es legal, pero la gente con recursos lo está haciendo", responde. "Es verdad que hay una cierta demanda pero, como está prohibido, ya no lo piden", corrobora Veiga.

Un problema que puede surgir en cualquier momento tiene que ver con el anonimato de los donantes de esperma, advierte De Lora. "En España es anónimo, pero hay una corriente mundial que considera que este tipo de legislación priva a los futuros nacidos del derecho a conocer su origen y hay una tendencia a que al menos con 18 años el hijo pueda conocer a su padre genético", explica. Por no decir que la ley de 1988 que garantiza el anonimato "parece difícilmente compatible con el artículo 39.2 de la Constitución, que dice que 'la ley posibilitará la investigación de la paternidad", añade el profesor.