‘Compiyogui’ Marhuenda

ANÍBAL MALVAR

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Siempre tendré más dudas que deudas (que ya es decir), pero me da la impresión de que, de entre todo lo ocurrido esta semana, lo más importante no es que el presidente del Gobierno sea llamado a testificar por corrupción, ni que el ex presidente de la CAM ingrese en prisión, ni siquiera que el compiyogui de Letizia haya tenido que pagar cien mil pavos para no dormir en la trena (esta gente está acostumbrada a pagar hoteles muy caros). Lo que tiene más charme y trascendencia es lo de Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de La Razón, presuntos chantajistas high standing subidos al astrolabio de Planeta. Mientras las televisiones sí pingponeaban con el melifluo tertuliano de un plató a otro, los periódicos de papel se la cogían con el de fumar a la hora de relatar las aventuras de Tintín en la sima de Lezo. Ni El País ni El Mundo han querido editorializar sobre la pestilencia mediática de esta mafia corrupta.

Tampoco sus columnistas se han manchado las manos de tinta contraria. A excepción del opinador de Prisa Javier Ayuso, curiosamente ex portavoz de la Casa del Rey, que este viernes desayunó sin azúcar: “Ambos [Marhuenda y Casals] tienen el derecho a la presunción de inocencia, pero hay frases que suenan muy mal. Sobre todo, las que hablan de ‘inventarse noticias’ o de que ‘por las malas tiene mucho que perder’. Aunque la que realmente suena a coacción es cuando Casals dice: ‘Que vea [Cristina Cifuentes] que no es únicamente La Razón, que están Antena 3, Onda Cero y la Sexta’. Se suele decir que no se puede sorber y soplar a la vez. ¿O sí?”.

El único papel que dio algo de caña fue el ABC, competencia más que directa, siempre celoso de su clon. Su director, Bieito Rubido, apuntaba directamente, aunque sin citar a nadie, contra La Sexta: “En este país que algunas televisiones reducen a una caricatura maloliente de la malversación política –y ya escribimos muchas veces que terminaría volviéndose contra ellas– la vida continúa”. El final de la frase suena a Julio Iglesias, pero el resto es puro heavy.

David Gistau, siempre versolibrando, daba por hecha la culpabilidad de los dos egregios imputados. Habla de “periodistas que se dejan instrumentalizar a cambio de botines fáusticos”, y sugiere que “recuerdan a la mafia los mandatos a un periódico para que a alguien le aparezcan cabezas de caballo en la cama”.

Siguiendo con el torcuatiano papel, el inefable Hermann Terscht se atreve a asegurar que “el peor delito de los políticos españoles no es la corrupción de pocos o muchos, sin duda menor que la de los periodistas”. Aserto creíble, quizá, si no estuviera en boca de un fulano que cobraba 500 euros por cada dos minutos en la Telemadrid de Esperanza Aguirre (facturó del arruinado ente público más de un millón de euros por regurgitar soflamas contra cualquier enemigo de la lideresa).

Hoy la rama mediática de la operación Lezo ya se ha enterrado en el papel, y a mí me da un poco de pena. Creo que la gente tiene derecho a saber quién le informa y de qué se le informa. Pues resulta que la tinta con la que renglonean algunos de nuestros periódicos está fabricada con sangre del contribuyente. No hay que olvidar que los detenidos del Canal de Isabel II, entre otras cosas, desviaron más de un millón de euros opacos al periódico que timonean Marhuenda y Casals. Siempre se han pagado muy altos precios por la libertad de expresión. A veces, hasta la vida. Su perversión, que diría Rajoy, “hay que recibirla con absoluta normalidad democrática”. Suerte, compiyoguis.